“La Constitución de Cádiz. -Jura de este código político en la Habana. -Reorganización del Ayuntamiento. -La Diputación Provincial. -Cortapisas ideadas por el Capitán General Juan Ruiz de Apodaca. -Ligeros destellos de iniciativa propia. -Abolición de la carta fundamental. -Segundo período constitucional. -Actos públicos ostensibles. -La posición del Cabildo. -Discordias con el Capitán General Juan Manuel de Cagigal. -Pensamiento de algunos Regidores para mantener a todo trance la Constitución. -Vuelta al absolutismo.

“La organización creada por Alonso de Cáceres, dentro de la vida municipal de Cuba, en pleno siglo XVI, había logrado, ciertamente, triunfar de todo género de alternativas hasta la segunda década del XIX. Ni aun el cambio de bandera, sustituida la española por la británica, tuvo potencialidad bastante para entorpecer el orden de cosas preexistente. Tampoco las ansias de dominio de Napoleón Bonaparte fueron capaces de modificar las condiciones fundamentales del régimen local. Pero, si el Ayuntamiento de la Habana pudo permanecer imperturbable a través de aquellos azares, no ocurrió lo mismo cuando el estado experimentó una innovación tan de raíz como la de quedar sujeto a normas constitucionales. El código político que tendía a consagrar principios modernos, avanzados y justos para todos, también tocó en su base el ordenamiento de la corporación municipal. La jura de la Constitución en la Habana pareció abrir un capítulo nuevo en la historia de su institución decana.

“Promulgada la Constitución del estado español en Cádiz y llegada a la Habana en la goleta de guerra Cantabria el 13 de julio de 1812, el Capitán General Juan Ruiz de Apodaca la hizo jurar ocho días después, ante las fuerzas armadas, las autoridades y el pueblo. Aquel cuerpo legal, obra de hombres enérgicos y enteros, colocados frente a la invasión francesa, contenía reformas esenciales para la vida municipal. Los viejos moldes emanados de las Ordenanzas de Alonso de Cáceres no fueron rotos, pero sí desechados circunstancialmente. El Ayuntamiento de la Habana, al reorganizarse en 21 de agosto de 1812, experimentó cambios notables, lo mismo en su personal que en sus atribuciones. Por lo que a su personal tocaba, casi todas las plazas se declararon elegibles, sin reservar ya para los Regidores por juro de heredad más que la preferencia para la designación. Con arreglo a sus atribuciones, el gobierno local tenía que limitarse a la dirección económica del perímetro de la ciudad, pues que las otras prerrogativas de que hasta entonces gozaba serían de la competencia de la Diputación Provincial. La innovación resultaba en verdad radicalísima.

“Quien a la sazón gobernaba a Cuba, el Capitán General Juan Ruiz de Apodaca, prefirió, sin embargo, dejar las cosas en su estado añejo, limitándose a mudar sus nombres. Entretanto hizo integrar la Diputación Provincial de la Habana por elementos de su confianza, prescindiendo de lo que él llamaba metido en general a muy ligeras modificaciones (1). Algo hubo, con todo, digno de nota. Vinculadas la iniciativa y las aspiraciones populares tanto en el Ayuntamiento como en la novísima Diputación Provincial, ofrecieron estas instituciones un ejemplo hermoso de integridad. Tras una visita a las prisiones de la Cabaña, los representantes del pueblo de la Habana demandaron y obtuvieron la clausura de varios calabozos secretos, lóbregos y subterráneos, donde morían, olvidados, políticos de consideración remitidos por el Virrey de Méjico (2). Pero tan sólo a eso y a la renovación anual del Cabildo se limitó la obra del primer período constitucional. Vuelto Fernando VII a España, y derogado por él en 4 de mayo de 1814 el código político de Cádiz, cuatro meses después dejaba naturalmente de estar vigente en Cuba.

“Durante cerca de un sexenio el Ayuntamiento de la Habana continuó desenvolviéndose dentro del radio político existente al promulgarse en Cuba la Constitución. Había sido un breve receso el régimen proveniente de las Cortes de Cádiz. La ciudad se hallaba de nuevo, en lo tocante a su organización constitucional, como en los siglos XVII y XVIII. No estaba muerto, empero, el espíritu liberal en la Península. Los procedimientos, tan llenos de ingratitud, adoptados por Fernando VII para mantenerse en el más odioso absolutismo, no podían dejar de tener sus quiebras. Las cosas se desarrollaron en la metrópoli de manera tal, que al advenimiento del año 1820, acompañó la restauración en España y sus dominios del código político de 1812.

“La inserción en el periódico oficial de los reales decretos, tomados de la Gaceta de Madrid, por los cuales el soberano español, aunque no de buen grado, había restablecido la Constitución, fue el principio, en 15 de abril de 1820, de sucesos positivamente singulares. La súbita actitud liberal asumida por las tropas reunidas el 16 en la Plaza de Armas, lo realizado por los elementos populares en apoyo de tales fuerzas y la generalización del movimiento por la ciudad, -impulsados todos como por secreto designio,- determinaron en la Habana la jura de la Constitución en la casa del gobierno y a presencia del Capitán General Juan Manuel de Cagigal, del Obispo Juan José Díaz de Espada y Landa, del Intendente Alejandro Ramírez, del Subinspector General Juan Haría Echeverri y del Teniente-Rey Diego Ulloa, entre otros personajes. De las formalidades de rigor pasaron a los hechos inconcusos los directores de la restauración constitucional. El 17 de abril, luego de invertir la mañana en dar realce a las ceremonias religiosas celebradas en la Catedral, se ocuparon por la tarde en restituir el Ayuntamiento disuelto en 1814. El gobierno municipal fue una vez más la piedra de toque de los cambios impuestos por la realidad.

“Continuando la tarea de restablecer en toda su integridad el poder constitucional, los jefes del movimiento organizaron actos públicos de verdadera significación. Lo verificado en el Ayuntamiento fue repetido el 18 de abril respecto de la Diputación Provincial. Pero, empeñados en llevar a cabo algo todavía más ostensible, a las doce de aquel día recorrió las calles una manifestación popular revestida de pompa y solemnidad extremadas. Habiéndose dado cita en la casa consistorial todos los elementos representativos de la ciudad, y marchando a la cabeza el Ayuntamiento, presidido por el Capitán General, dirigiéronse a la llamada Plaza de la Constitución, a fin de restablecer allí la lápida de la carta fundamental. Colocada la placa sobre base de plata, fue conducida en procesión por el Cabildo y demás manifestantes, y escoltada por cuatro batidores de las compañías de Granaderos de Cataluña y Málaga. Una vez que llegaron a la Plaza, fijaron la inscripción entre salvas de artillería, descargas de la tropa, repique general de campanas y vítores entusiastas y ensordecedores (3).

“Consecuencia de las alteraciones introducidas en el sistema de gobierno general, fue la situación tirante en que al principio se colocaron el Aventamiento de la Habana y el Capitán General respecto de la administración de justicia, que debía estar en manos de letrados. Llegó la primera autoridad de la Isla, en consulta dirigida a la Audiencia de Puerto Príncipe, a acusar al Cabildo de la Habana de ser obstáculo para la implantación de reformas judiciales por el mismo reclamadas. Mas pronto se allanaron las dificultades surgidas, de modo que no pudiera decirse que el Ayuntamiento continuaba entorpeciendo el libre funcionamiento de las instituciones recién creadas (4).

“Alguna otra causa importante para los componentes del Cabildo surgió dentro del segundo período constitucional. Regidores del Ayuntamiento de la Habana fueron partícipes de las ideas que en 1823 tuvieron vida y forma en la vasta conspiración de los Rayos y Soles de Bolívar. Ante la amenaza entrañada por los progresos de los absolutistas en la metrópoli, con la consiguiente abolición de la carta fundamental, algunos Regidores constitucionales se esforzaron para que el Ayuntamiento acordase que, si en España sucumbía el régimen político existente, se conservase y defendiese en la Habana, a fin de que ésta sirviese de asilo a los liberales posiblemente perseguidos en la Península. El pensamiento, atrevido cual pocos, halló oposición en el seno del Cabildo, donde se acordó aplazar las deliberaciones y los acuerdos pertinentes. Lo que en el fondo de todo había tal vez no era sino un sentimiento de franca adhesión a los precursores de la independencia de Cuba (5).

“Lo que pudo parecer largo capítulo en la historia institucional del Ayuntamiento de la Habana, a virtud del régimen constitucional, no pasó de ser corto paréntesis. La llegada a la capital de la Isla, en 8 de diciembre de 1823, de los reales decretos de Fernando VII derogatorios por segunda vez de la Constitución, cerró el ciclo reanudado tres años antes. Las iniciativas liberales que habían hallado calor en el seno del Cabildo desaparecieron prácticamente. Si aquellos días de actividad constitucional sirvieron para deparar un impulso extraordinario a las ideas políticas, poco significaron, en cambio, desde el punto de vista positivo, en la vida municipal de la Habana. Cuando, el 10 de diciembre de 1823, se disolvió el Ayuntamiento organizado en 1812 y restablecido en 1820 de acuerdo con los moldes concebidos en las Cortes de Cádiz, las cosas quedaron vueltas, de manera plena y acabada, a las condiciones vigentes desde la promulgación de las Ordenanzas de Alonso de Cáceres.”

“(1) Historia de la Isla de Cuba, por D. Jacobo de la Pezuela... Madrid, 1878, t. IV, p. 11-12.”

“(2) Dr. F. Carrera y Jústiz. Introducción a la Historia de las Instituciones Locales de Cuba... Habana, 1905, t. II, p. 170-171.”

“(3) El Curioso Americano, Habana, 1908, p. 47-49.”

“(4) Historia de la Isla de Cuba, por D. Jacobo de la Pezuela... Madrid, 1878, t. IV, p. 94-95.”

“(5) El Curioso Americano, Habana, 1908, p. 6-7.”